lunes, 11 de febrero de 2013

Los derechos y el segundo párrafo...

Abunda en nuestras tertulias televisadas o de barra, el debate acerca de los recortes en servicios públicos y cómo afectan a los habitantes de ésta nuestra comunidad. Es normal escuchar quejas por la reducción de un servicio público, de una subvención, de la minoración de empleos públicos o cualquier otra circunstancia que salga de los presupuestos generales del estado, región o ayuntamiento.

Nuestro querido periodísta Jordi Ébole, más conocido como follonero, está haciendo un repaso por los sectores de servicio público más recurrentes, analizando cómo afecta la reducción a los beneficiarios de dichos entes.

Es normal que todos aquellos usuarios de un bien o servicio público nos quejemos de la reducción en sus prestaciones pero nos falta un segundo párrafo.   Os propongo varias preguntas:

Rechazamos la gestión privada de un servicio público como la sanidad, pero... ¿deberían incluir nuestra sanidad pública la atención de ciertas enfermedades en centros hospitalarios de paises extranjeros cuando su desarrollo e investigación estén más avanzados en los mencionados centros?

¿debería incluir la sanidad pública la cobertura de intervenciones no necesariamente sanitarias como cirugía estética o similares?

Al final estas preguntas con trampa, nos llevan al mismo punto de encuentro, todo cuidado sanitario deberia ser prestado al máximo de nuestras posibilidades como país, no siendo el criterio económico la premisa para asumir o no un cuidado o una prueba médica. Pero.... ¿donde ponemos la raya? ¿por qué las cuestiones anteriores podrían considerarse lujos no asumibles y una prueba diagnositca no?

Seguro que me comprendéis:  España como país, las comunidades autónomas, o la administración que proceda, es libre de establecer, pactar, promulgar y sancionar la ley que considere adecuada para establecer los derechos de la población en cuestiones como la sanidad y la educación. Pero nos falta "el segundo párrafo".

Definido el derecho, tenemos que definir cómo nos lo pagamos. La financiación de un servicio público es algo que se nos suele olvidar una vez definido el derecho a pecibirlo y eso nos mete en problemas.

Esa financiación de un servicio masivo, es algo que debe ser calculado con mesura y prudencia,  debe tenerse en cuenta la pirámide  de contribuyentes y beneficiarios, y sobre todo su posible evolución.

Pero faltan propuestas concretas, tan solo tenemos ideas y tendencias;
el manido recurso a poner impuestos a las "rentas altas", no acaba de aclarar el coste del servicio, los ingresos alcanzados hasta el momento, y el incremento que aportaría la medida.

Una cosa es que estéticamente sea justo que a mayores ingresos, se aporten mayores impuestos, pero otra cosa diferente es que incluso si pusiésemos impuestos absurdos del 125% de los ingresos a ciertas rentas, si gravásemos a la banca,o  si expropiásemos a la Duquesa de Alba todos sus bienes.... aún así no lograríamos pagar el coste de los servicios públicos como los entendíamos hasta hace un año.

Debemos enteder colectivamente que el sostén de un servicio público viene dado por la recaudación de impuestos masivos, si no entendemos que los servicios nos los pagamos entre todos, no hemos comprendido que somos una sociedad.

Los partidos políticos no son suicidas, y saben que cuando reduccen prestaciones públicas son menos votados y se les descabalga del poder, ¿por qué aplica nuestro actual gobierno entonces los recortes?
¿por qué el anterior gobierno de signo socialdemócrata no los incrementó universalmente a niveles no conocidos? muy sencillo, se trata de presupuestos, y de presupuestos que se tienen que recaudar de manera mayoritaria entre los contribuyentes de rentas medias y bajas por un mero hecho de pirámide poblacional.

Como decía hace unas palabras, podemos prohibir a los ricos ser ricos, podemos subir los impuestos a los acaudalados hasta límites no sospechados, pero tenemos que hacer los cálculos para pagarlo entre todos.

Me pregunto si los empleados públicos de esos servicios admitirían una rebaja sustancial de sus emolumentos o si para evitarlo, nosotros como contribuyentes admitiríamos una subida de nuestros impuestos para mantener el servicio en nuestros actuales costes.

Lo dicho, siempre que definamos un derecho, no debemos olvidarnos del segundo párrafo.. ¿cómo lo pagamos?

Un saludo de vuestro primo de riesgo.




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